Álvaro Uribe, presidente de Colombia, cometió un error garrafal este fin de semana: vio las cámaras de televisión y se apresuró a hablar frente a ellas con el embajador de Colombia en India ¿La razón? Pedir que mediara en la negociación para que liberaran al ciudadano Diego Rojas, secuestrado a comienzos de septiembre en Afganistán. "Por lo que usted me cuenta, la única manera que tenemos de garantizar la vida de este compatriota es pagando, es pagando esa suma. Negocien esa suma, que de alguna manera la pagamos... La única manera que tenemos para proteger este ciudadano es autorizando a esa ONG a pagar esa plata... Que lo que sea que hagan lo que sea, si tienen que pagar que el Gobierno de Colombia lo reembolsa, pero no podemos dejar que nos maten este ciudadano".

Como era obvio, el staff de Uribe le debió advertir que su prematura muestra de ejecución ágil podría convertirse en el inicio de una seguidilla de reclamos de los familiares de los más de 3.000 secuestrados en Colombia, algunos desde hace más de siete años. ¿Estaría el Gobierno dispuesto a pagar por todos y cada uno de ellos con la generosidad mostrada en el caso de Rojas? Tal vez sí, pero ¿Qué presupuesto lo aguantaría? Adicionalmente, hay una tradición tácita de las naciones de no negociar con terroristas, aunque ese acuerdo podría flexibilizarse por presión de los familiares para una eventual entrega de secuestrados. Ayer, en todo caso, el gobierno rectificó su posición en un comunicado de prensa oficial que dejó ver las incongruencias, pero una postura más racional desde el punto de vista de gobierno financiero.

Preguntas al aire: ¿Estaría de acuerdo con la afirmación de que Uribe actúa así cuando ve las cámaras?

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